Google contrató a consultores antisindicales para convencer a los empleados de que “los sindicatos apestan”

Un juez de la NLRB ordena a Google que arroje luz sobre su proyecto secreto antisindical.

Durante años, Google ha intentado acabar con los esfuerzos de sindicalización de los empleados bajo una iniciativa cuyo nombre en clave es “Proyecto Vivian”. En palabras de un alto directivo, el Proyecto Vivian existía “para involucrar a los empleados de forma más positiva y convencerlos de que los sindicatos apestan”.

Finalmente, cinco empleados fueron despedidos y dos fueron sancionados. Presentaron una denuncia ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales alegando que Google interfirió en sus derechos protegidos por la ley para organizarse en el lugar de trabajo. La NLRB estuvo de acuerdo y presentó una denuncia contra Google en diciembre de 2020. Google se negó a llegar a un acuerdo y el asunto pasó al tribunal administrativo de la NLRB.

Las revelaciones sobre el Proyecto Vivian se hicieron públicas en un fallo, publicado a finales de la semana pasada, por un juez de derecho administrativo de la NLRB. En la mordaz orden, el juez, Paul Bogas, pidió a Google que entregara cientos de documentos internos relacionados con sus esfuerzos antisindicales, su segunda orden de este tipo.

Bogas ya había ordenado a Google que entregara los documentos para que los revisara un juez especial a puerta cerrada, un proceso que permite a otro juez examinarlos en busca de información confidencial o sensible antes de que se hagan públicos. Muchos de los documentos tienen que ver con el trabajo de Google con IRI Consultants, una empresa antisindical que el gigante tecnológico contrató a finales de 2019. Hasta ahora, Google se ha negado a presentar los documentos, alegando que están protegidos por el privilegio abogado-cliente o el privilegio del producto de trabajo.

Bogas no lo aceptó. “Esta amplia afirmación es, por decirlo de forma caritativa, una exageración”, escribió.

Para que estos privilegios se apliquen, aseguró Bogas, debe haber un caso que se esté litigando actualmente, o que al menos se espere que se litigue. Google “no puede convertir el mero hecho de un incipiente esfuerzo de organización entre los empleados en un ‘litigio’ -como la paja convertida en oro- que le dé derecho a revestir de privilegios todos los aspectos de su campaña antisindical”, escribió Bogas.

Muchos de los documentos que Google alegó que estaban protegidos por el privilegio abogado-cliente o por el privilegio del producto del trabajo “eran, de hecho, comunicaciones entre personas que no eran abogados, con abogados incluidos, si acaso, sólo como destinatarios “cc”, y sin ninguna declaración que solicitara asesoramiento jurídico”, aseguró. El IRI, señaló, “dio asesoramiento sobre mensajes de campaña, no legal”.

Bogas señaló que los propios memorandos internos de Google que abogaban por la contratación de IRI no mencionan la contratación de la empresa para el asesoramiento jurídico, sino para la comunicación y la mensajería:

Según el documento en el que se recomienda la contratación de un consultor, el objetivo de éste sería: “Ayudarnos a entender el sentimiento actual en torno a los esfuerzos de organización/sindicalización laboral en Google; mapear las partes interesadas actuales, las áreas de riesgo y los esfuerzos; y trabajar con las partes interesadas de Google para crear y activar una estrategia proactiva para el compromiso positivo de los empleados, la educación y la respuesta. También buscamos orientación sobre cómo involucrar adecuadamente a nuestros ejecutivos, líderes, gerentes y Googlers, armarlos con la información y los hechos correctos, y ser capaces de comprometerse proactivamente en estos asuntos”.

Otros documentos podrían haberse acogido al privilegio abogado-cliente, pero Google renunció a esos derechos cuando los compartió con el IRI, un tercero que, según Bogas, queda fuera de la relación privilegiada. Google envió otros documentos para su revisión a puerta cerrada ya redactados, lo que hace imposible determinar si se cumplían los requisitos del privilegio abogado-cliente.

Bogas ha ordenado a Google que le diga cómo podría aplicarse el privilegio abogado-cliente a los documentos en disputa a la luz de su conclusión de que cualquier comunicación con el IRI queda fuera de la relación abogado-cliente. Google tiene hasta el 21 de enero para responder.

Michael Rojas

Michael Rojas

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